Educación Pro

Ya señalamos anteriormente algunos indicios acerca de las políticas contra la pobreza de parte del gobierno Pro. Aquí vamos a referirnos a ámbito educativo, repondiendo mal y tarde a un pedido de Dago.

Como bien nos informaran la mayoría de los medios oportunamente, el presupuesto educativo para el año 2010 tuvo un incremento nominal del 2% respecto del año actual. Sin embargo, la composición interna de ese presupuesto presenta algunas características que hablan acerca de la concepción social del macrismo.

Para empezar, el dinero destinado a infraestructura y equipamiento para escuelas públicas ha disminuido en más de 100 millones de pesos pasando de 253 a 145. Pero no solo eso, sino que también cae la cantidad de alimentos para los comedores escolares que pasan de 100 a 89 millones, la cantidad de becas, etc. Si la comparación toma en cuenta el año 2008 esas reducciones son aun mayores. A esto podríamos agregarle la sistemática negativa de Macri a otorgar aumentos a docentes.

En lo que respecta a la educación privada (confesional en gran parte) la suerte cambia, pues pasa de 705 a 806 millones de pesos. En efecto, según Pagina/12 “En el presupuesto que presentó el PRO para 2010 hay 806.774.724 pesos asignados a la Dirección General de Gestión Privada, que ocupa Enrique Palmeyro, quien también es representante de la Vicaría de Educación de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral y director del Programa de Escuelas Hermanas del Arzobispado de Buenos Aires. Un interesante rol a los dos lados del mostrador”.

Así, el gobierno Pro se ocupa de sostener cada vez mas las estructuras de las escuelas religiosas contradiciendo lo que hace ya mucho tiempo uno de sus próceres mas relevantes comenzó a llevar a cabo: la separación de la iglesia del Estado. Y para eso se llega a cosas verdaderamente irritantes como ser el aumento del aporte público a escuelas que llegan a cobrar cuotas de $500, $700, $900 y más.

Estamos, entonces a lo que algunos denominan Estado Hood Robin, que le saca a los pobres para darle a los ricos. O, en palabras de Ana María Suppa “Es evidente que existe una diferencia enorme a favor de lo que se invierte en cada niño/a de escuela privado en detrimento de lo que se invierte en cada niño/a de escuela estatal, quien debiera ser el destinatario no exclusivo pero sí primordial en aras de lograr la tan mentada igualdad de oportunidades que hoy está lejos de cumplirse dentro del sistema educativo”.

Por lo tanto el nombramiento de Abel Posse como nuevo ministro de educación no debe escandalizar a nadie. Se inscribe en un acto de coherencia de parte del Jefe de Gobierno con sus políticas privatistas, despectivas con los que menos tienen y contrarias a los derechos de los trabajadores. Sus declaraciones asimilando a los docentes que realizan huelgas con un delincuente que pone un arma en la cabeza de los niños solo debe entenderse como una subida de apuesta que supone la tolerancia de los grandes medios, dispuestos a aceptar todo aquello que contradiga lo que viene del gobierno nacional.

Uno supone que lo unico que queda es poner como negociador de salarios docentes a Sobisch.

Seguridad y Estado

Dejemos de lado el debate entre quienes hablan de inseguridad y los que prefieren referirse a la "sensación" de inseguridad. Concedamos que ciertamente estamos asistiendo a un periodo en el que se ha dado un incremento de cierto tipo de delitos que podríamos denominar, violentos. En ese caso, debemos intentar desentrañar las causas que llevan a esa situación.

Al respecto no suele haber demasiadas dudas acerca de la importancia que adquiere, en nuestra sociedad, la desigual distribución de la riqueza. Tanto los que proponen penas cada vez mas duras, e incluso la pena de muerte, como los que plantean un abordaje mas profundo que no se quede en el mero castigo aceptan mayormente esa causalidad. Por suerte ya no quedan muchos que le otorguen importancia a cuestiones genéticas, al estilo positivista.

Por lo tanto un razonamiento correcto debería llevarnos a que hay cierto consenso (palabra muy bastardeada hoy día) en torno de medidas redistributivas que paulatinamente tiendan a reducir la desigualdad. Sin embargo la realidad es algo mas compleja y nos suele mostrar que algunos individuos se encuentran inmersos en una profunda contradicción. Pues a la vez que se cuestiona el supuesto incremento de algunos tipos de delitos (según dicen los medios que, casualmente, son los que se sienten mas perjudicados por la nueva Ley de Servicios Audiovisuales), tienden a caracterizar peyorativamente cualquier intento de participación del Estado que no sea para garantizar los intereses de los sectores dominantes.

Es que quizá debamos ir un poco mas allá, atrasando algo así como unos 15 años. Digamos que a mediados del 2º gobierno de Carlos Saul los índices de desocupación comienzan a dispararse, triplicando la media desde la recuperación democrática, afectando sobre todo a los jóvenes menores de 24 años, particularmente en la provincia de Buenos Aires.

Digamos también que muchos de esos jovenes comienzan a sentirse excluídos y que lo seguirán estando durante muchos, muchos años.

Digamos que muy probablemente esos jovenes no hayan tenido la suerte de generaciones anteriores, de ver a sus padres ejercer una cultura del trabajo que les permitiera mejorar su situación social (ascenso le decían).

Digamos que, tantos años despues esos jovenes no se encuentran en las mejores condiciones de incorporarse al mercado laboral,aun cuando exista demanda de fuerza de trabajo.

Digamos, para terminar pero sin agotar toda la lista de digamos, que sucede que en muchas zonas y en un radio bastante reducido podemos ver la manifestación material y simbólica de esa desigualdad en forma bastante brutal (basta andar un rato por el partido de San Isidro).

Dejemos que la imaginación haga el resto.

Es evidente que la solución no se dará en el corto plazo, pero es seguro que sin la participación firme del Estado en pos de reducir la brecha existente a nivel social esa solución nunca llegará. Como dice Artemio en el enlace de arriba, esos jovenes "Ya no son las víctimas de un sistema social injusto... más bien , diría que hasta se entretienen victimizando al orden social injusto".

Mientras se siga cuestionando el papel del Estado mas allá de las políticas represivas del delito, las quejas ante el incremento de este no serán mas que eso. Y llegaremos a la conclusión que los mismos que en los 90 festejaron el incumplimiento de parte del Estado de sus obligaciones para engrosar sus cuentas bancarias, son los que hoy piden mas represión de parte de ese mismo Estado a fin de disfrutar de aquello que lograron gracias al empobrecimiento y la exclusión de muchos mas.