El proyecto de ley de matrimonio igualitario, sabemos, genera el rechazo de los sectores mas conservadores de la sociedad, empezando por las autoridades de la iglesia católica. En realidad, ultimamente nos encontramos con una multiplicidad de medidas de corte progresista llevadas adelante por parte del gobierno que indefectiblemente son resistidas con posturas retrógradas (Ley de medios, AUH, por mencionar las mas relevantes). La única diferencia se manifiesta en quien asume el liderazgo de la oposición en cada situación particular.
Respecto del proyecto mencionado, la propuesta que en estos días fue puesta en circulación por parte de la jerarquía eclesiástica tiene que ver con la realización de un plebiscito para que la población exprese su veredicto.
Si por un lado la propuesta debe ser rechazada de cuajo por suponer que los derechos humanos pueden ser sometidos a plebiscito, sujetándolos a los humores cambiantes de la ciudadanía; por el otro podría ser un bumerang que permita instalar otro tipo de consultas que dejarían el poder de la iglesia al borde del KO: esto es, por ejemplo, realizar una consulta para saber si la población acepta seguir subsidiando la educación privada católica (a pesar de que en muchos de sus establecimientos se cobran aranceles prohibitivos para la inmensa mayoria de la población) o si prefiere utilizar ese dinero en el mejoramiento de la escuela pública.
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